¿GUERRA POR EL AGUA EN EL VALLE DE MEXICO?
Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México.
Manuel Perló Cohen y Arsenio E. González Reynoso
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Universidad Nacional Autónoma de México, y Fundación Friedrich Ebert
México, 2005
INTRODUCCION
1a edición
El título del presente trabajo parece más apropiado para un encabezado sensacionalista que para un estudio académico, ya que -si bien a lo largo de nuestra historia nacional y regional hemos presenciado numerosos conflictos por el recurso hídrico- sería difícil caracterizar alguno de ellos como una “guerra por el agua”. Conviene, pues, aclarar el sentido en que utilizaremos este término cada vez más en boga dentro de la literatura internacional que se ocupa de los temas del vital líquido.[1]
Diversos organismos internacionales han señalado con preocupación que los futuros conflictos internacionales girarán en torno al llamado “oro azul”.[2] Las llamadas “guerras del agua” se refieren a enfrentamientos que se han producido cuando dos comunidades, ciudades, regiones o países se disputan de manera violenta y por medios armados los recursos hídricos, sean éstos una fuente de aprovisionamiento, un río de uso común, un acuífero subterráneo o la construcción de una presa que altera el curso de un río. El nivel de confrontación puede ir desde la movilización de los ejércitos y el eventual enfrentamiento hasta la violencia comunal para ejercer el control de los recursos.
Sin embargo, dichos enfrentamientos no surgen de la noche a la mañana; se van incubando a lo largo del tiempo, en ocasiones durante siglos; son precedidos por incidentes, reclamos territoriales y querellas jurídicas; brotan en momentos de crisis económicas y enfrentamientos políticos o se ven desatados por desastres naturales como sequías e inundaciones. De este modo, el líquido se transforma en gasolina: una simple chispa genera una conflagración que desata enfrentamientos de vastas consecuencias.
En la ciudad de México ciertamente no hemos vivido una “guerra por el agua”. Si bien es verdad que las fuerzas del orden han tenido que resguardar en diversos momentos históricos las obras de infraestructura que captan, distribuyen y desalojan el recurso; que igualmente algunos funcionarios han amenazado con “cerrar la llave” para impedir que el agua que consideran propiedad de su estado beneficie a entidades político-administrativas vecinas; o más recientemente, que un grupo de mujeres mazahuas blandiendo fusiles de madera hayan ocupado la mayor planta potabilizadora del Sistema Cutzamala para exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de una indemnización, no puede negarse que por muchas décadas han funcionado en forma relativamente eficiente los sistemas de control de inundaciones y abastecimiento de agua que sirven a la zona metropolitana de la ciudad de México, resolviendo en lo fundamental las demandas de crecimiento acelerado de una metrópoli que en los últimos 60 años incrementó su población de dos a veinte millones de habitantes.
Esta situación, sin embargo, ha experimentado cambios muy significativos en los últimos diez años. En este lapso se ha acumulado una serie de acontecimientos de orden social, político y jurídico que nos lleva a pensar que estamos transitando hacia un escenario caracterizado por el aumento en la cantidad de conflictos y la disminución de las acciones de colaboración efectivas entre los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal.
De continuar estas tendencias, podríamos acercarnos peligrosamente a una especie de “guerra por el agua”. No sería propiamente un enfrentamiento armado como el que han vivido otros países, pero sí una situación de alta confrontación en la que observaríamos a grupos sociales y comunidades declarando su soberanía sobre los recursos hídricos (desde un pozo hasta una cuenca), y posiblemente asumiendo su defensa de manera violenta. Las demandas y querellas jurídicas podrían multiplicarse entre las distintas autoridades gubernamentales para decidir quién tiene el derecho sobre el uso de los recursos. Al mismo tiempo asistiríamos al crecimiento de las movilizaciones urbanas para exigir a las autoridades públicas la dotación de agua. El ejército y las fuerzas de seguridad tendrían que multiplicar su presencia en diversos puntos estratégicos de la vasta red de infraestructura hidráulica para salvaguardar su integridad y funcionamiento. Le podríamos llamar guerra, enfrentamiento, crisis o como se quiera; pero lo importante es reconocer que nos estamos aproximando a una situación de alta conflictividad que puede derivar hacia peligrosas consecuencias.
Partiendo de la problemática anterior, el propósito central del presente estudio es entender la naturaleza y funcionamiento de las relaciones que mantienen los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México en torno al agua. Dichas relaciones tienen profundas raíces históricas que se remontan por lo menos a comienzos del siglo xx. Se rigen por diversos preceptos de orden jurídico tanto de naturaleza federal como estatal, incluyen acuerdos específicos para la operación de la infraestructura de uso común, contemplan ordenamientos de planeación y coordinación administrativa y también se extienden al ámbito de los acuerdos prácticos que se orientan a la atención de los problemas urgentes que requieren una atención conjunta.
El buen o mal funcionamiento de estas relaciones repercute de manera directa sobre la operación de todo un complejo territorial al que hemos denominado en este texto región hidropolitana del centro del país. Esta región integra artificialmente a las cuatro cuencas hidrológicas que, de otra manera, no tendrían conexión natural alguna: Valle de México, Alto Lerma, Cutzamala y Tula.[3] La región hidropolitana se extiende sobre los territorios del Distrito Federal y los estados de México, Michoacán e Hidalgo, y su dinámica ha dependido del desarrollo de las zonas metropolitanas de las ciudades de México, en primer lugar, y de Toluca más recientemente. Está compuesta por una vasta y compleja infraestructura que abarca las zonas de captación, conducción y tratamiento, así como las zonas de consumoy reuso de aguas negras.
Esta región se encuentra integrada funcionalmente, es decir, constituye un sistema cuyos diversos componentes se encuentran materialmente relacionados por múltiples vínculos; sin embargo, la gestión de la misma está fragmentada en diversos niveles de gobierno y entidades administrativas sin que exista una coordinación efectiva. Los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal tienen un papel fundamental, junto con otros actores como son el gobierno federal y las autoridades municipales, en el funcionamiento de esta región. Por ello es que reviste particular importancia el carácter que tengan esas relaciones y resulta preocupante que dentro de ellas llegue a predominar el conflicto sobre la cooperación.
Somos conscientes de que hemos abordado un tema delicado, de enorme controversia y de difícil discernimiento, pero también estamos convencidos de que es necesario romper con los esquemas reduccionistas y parciales que hasta hoy han prevalecido en los discursos y en las posiciones adoptadas frecuentemente por funcionarios, autoridades, líderes de movimientos sociales y periodistas. Para avanzar en la comprensión de esta problemática hemos considerado necesario efectuar una reconstrucción histórica de las grandes obras que, sin haber sido concebidas de acuerdo con un plan de conjunto, han conformado un sistema hidráulico muy complejo; analizar el funcionamiento integral contemporáneo del sistema de transferencias de agua; caracterizar la lógica de los actores sociales y gubernamentales involucrados y sus formas de representación; analizar las perspectivas institucionales y los espacios de negociación existentes, así como explorar las tendencias y vislumbrar los escenarios posibles.
Queremos señalar que el presente estudio constituye un primer acercamiento integral y sistemático al tema de las relaciones entre las entidades ya referidas en torno al agua y por lo mismo no pretendemos de ninguna manera ser exhaustivos y tener la última palabra. Más aún, el concepto de región hidropolitana es heurístico y requiere ser desarrollado y puesto a prueba en el análisis de investigaciones ulteriores.
Nadie puede negar la realidad de inequidad y, en algunos casos, de injusticia que prevalece en la apropiación, distribución y consumo de los recursos hídricos. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que esta región constituye un sistema integral que cumple funciones vitales para la zona centro del país. Estamos hablando de aproximadamente 25 millones de habitantes y una actividad económica que produce cerca del 30% del Producto Interno Bruto nacional. Una realidad no niega a la otra: el reto está en buscar sustentabilidad, equidad y justicia para el sistema en su conjunto, así como para cada una de sus partes.
[1] Diane Raines Ward, Water wars, New York, Penguin Putnam, 2002.
[2] Maude Barlow y Tony Clarke, Blue gold: the fight to stop the corporate theft of the world’s water, New York, New Press, 2002.
[3] De acuerdo con la definición actual de la Comisión Nacional del Agua, la cuenca del Valle de México forma parte de la Región Hidrológica xiii; la cuenca del Alto Lerma forma parte de la región viii Lerma-Chapala-Santiago; la cuenca del Cutzamala forma parte de la Región iv Balsas, y la cuenca del río Tula forma parte de la Región ix Golfo Norte.
http://www.puec.unam.mx/guerravallemex.htm 
